En un escenario de incertidumbre de reglamentaciones y asignación de espectro, la red de datos siguió creciendo dentro de las previsiones: tres de cada diez argentinos ya usa 4G

Una red de telefonía 4G que extendió más su cobertura, y un plan para comprar teléfonos de última generación en 12 cuotas. Esos parecen ser los dos logros que se alcanzaron en este 2016 en el mercado de las telecomunicaciones. Un año en el que se prometió la competencia que no llegó y un año en el que se buscaba crear condiciones para acelerar inversiones que todavía miran expectantes.

La mirada de los expertos sobre las expectativas que había provocado el cambio de gobierno en cuanto a transformaciones que permitieran agilizar a un sector naturalmente dinámico es severa. Cuestionan, principalmente, la ausencia del marco regulatorio prometido y la falta de decisiones que amplíe las alternativas de jugadores. “Si comparamos la situación de las redes con la de hace un año creo que, aunque lentamente, se observa una mayor disponibilidad de servicios 4G en las principales ciudades del país. Sin embargo, tanto en lo que respecta a la calidad de las conexiones fijas y móviles como a los precios para el usuario final, la Argentina está lejos de alcanzar niveles satisfactorios si la comparamos con Uruguay, por ejemplo. Ni hablar de si la comparación la realizamos con EE.UU., Canadá, Francia, Alemania o Inglaterra”, dijo a LA NACION, Martín Becerra, docente de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet.

En una sintonía similar se pronunció Gustavo Fontanals, investigador en políticas de medios y comunicaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para quien “tal como sucedió en 2015, las inversiones en el sector de telecomunicaciones vienen concentrándose especialmente en el desarrollo de las redes 4G de las grandes telefónicas, principalmente en las zonas urbanas de mayor consumo, que les otorgan un rápido retorno de la inversión vía el incremento de gastos de la mayor cantidad de usuarios alcanzados”.

4G en ritmo

Las operadoras de telefonía móvil hacen notar el esfuerzo inversor que están encarando en el despliegue de la red inalámbrica. A tal punto, que ya más de 13 millones de argentinos están utilizando los servicios de la infraestructura basada en tecnología LTE, de acuerdo a las cifras de clientes que brinda cada una de las tres operadoras que actúan en el mercado local.

“El despliegue de red 4G de Personal ya brinda cobertura desde La Quiaca hasta Ushuaia, con presencia en 647 localidades, llegando a más del 77% de la población en todas las ciudades capitales. Hoy ya son más de 4,6 millones de clientes de Personal quienes acceden a nuestra red LTE”, explicó Martín Heine, Director de Marketing del Grupo Telecom. La compañía encara un plan de inversiones en la red 4G y con el acceso en hogares, donde se pretende brindar más ancho de banda para acercar servicios y conectividad. “El despliegue de tecnología 4G y el desarrollo de la red fija en todo el país forman parte del programa estratégico de inversiones que el Grupo Telecom anunció para el trienio 2016/2018 y que alcanzará los $ 40.000 millones”, agregó el ejecutivo.

Las compañías están obligadas, mínimamente, a mantener el nivel de inversiones de los últimos años, ya no sólo para cumplir con las obligaciones de despliegue que se establecieron a finales de 2014, cuando se licitaron las frecuencias para dar 4G, sino también para responder a las demandas de los usuarios, que usan cada vez más sus dispositivos móviles para mantenerse conectados. “Claro continuará desarrollando su plan anual de inversiones en el país por un monto aproximado de US$ 400 millones, con el objetivo de seguir incrementando sus redes y el tendido de fibra óptica, para ampliar la cobertura y la capacidad de voz, SMS y datos móviles”, afirmó Fernando del Río, Gerente Comercial de Claro.

Movistar, por su parte, informó que ya cubre con su red 4G al 77% de la población nacional. “Ofrecemos cobertura en todas las provincias, 496 localidades y en la ciudad de Buenos Aires con más de 3568 radiobases en funcionamiento con esta tecnología en todo el país, de las cuales 1661 están instaladas en el AMBA y 1907 en el interior del país”, sostuvo Hernán La Rosa, gerente de desarrollo de productos de Movistar. La compañía se encuentra realizando pruebas de laboratorio de otra tecnología denominada Vo-WiFi (Voz sobre WiFi) que permite realizar llamadas y enviar y recibir SMS sobre redes WiFi. Este servicio funciona de manera similar a TuGo, pero sin la necesidad de instalar una aplicación.

En 2017, los 700 MHz

Si bien desde mediados de año en adelante se advirtieron mejoras en la calidad del servicio -en parte porque en junio debía estar completado el cronograma en todas las capitales provinciales y, en parte, porque el Gobierno implementó medidas para elevar la calidad de las prestaciones- los niveles aún están lejos de lo ideal. Sucede que las empresas aún no recibieron de parte del Estado frecuencias que se adjudicaron -y pagaron- en diciembre de 2014. Se trata de las frecuencias ubicadas en la banda 28 (700 MHz) en donde, aún en estos días, funcionan servicios de TV digital con tecnología UHF; entre enero y marzo se hará la entrega de las frecuencias que fueron adjudicadas a las operadoras en 2015, según publicó Infobae.

El atractivo de esta frecuencia de 700 MHz por sobre la que ya está en uso (AWS, que combina las frecuencias de 1700 y 2100 MHz) es que es una banda que permite brindar un área de cobertura mayor con una misma antena, y tiene una mayor penetración en zonas urbanas, ideal para dar servicio 4G en ciudades con muchos edificios.

El Gobierno se comprometió a definir el esquema de devolución de esas bandas a fin de que las operadoras cuenten con ese recurso que se adjudicaron y pagaron, y así mejoren las comunicaciones móviles. Que las compañías tengan en su poder esas frecuencias podrían acelerar, al mismo tiempo, inversiones que hoy están ralentizadas. “El Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA) es donde se advierte más la necesidad de contar con más espectro. Las empresas vienen reclamando por este recurso, y una de las que más lo hizo notar fue Personal. Si hoy se pudieran utilizar los 700 MHz se estaría duplicando la capacidad de la red”, sostuvo Enrique Carrier, director de la consultora Carrier y Asociados.

“El espectro (y la banda de 700 MHz es muy ilustrativa al respecto) resume las contradicciones de todos los gobiernos, desde Carlos Menem a la fecha, donde aparecen empresas autorizadas para explotar servicios ante el descontrol absoluto del Estado, muchas de las cuales alegan -con fundamento jurídico- que no pueden ser desplazadas de la noche a la mañana. El Estado carece de criterios consensuados y claros respecto de la asignación del espectro, que es un recurso público. Diría que lo que distingue a la política del sector es el cortoplacismo, tanto en el anterior gobierno como en el actual. Por ejemplo la actual gestión pretendió liberar la banda de 700 MHz en menos de un mes. lo que revela su escuálida comprensión de la complejidad del tema”, describió Becerra.

Es, justamente, la disponibilidad de esa frecuencia, lo que alentará nuevas inversiones a futuro. Esas que mejorarán la calidad del servicio y que ayudarán a dibujar una sonrisa al Gobierno, ávido porque empiecen a llover desembolsos de parte del sector privado. “Es importante que la banda esté disponible para su utilización comercial lo antes posible, por lo que se recomienda existan fechas objetivo y cronogramas de acción para lograr la reorganización del espectro radioeléctrico y el “despeje” de la banda de 700 MHz en el menor tiempo posible”, aseveró José Otero, director para América Latina y el Caribe de 5G Américas.

Competencia trunca

Las dificultades que supuso hasta ahora la falta de disponibilidad de esta frecuencia es lo que, al mismo tiempo, imposibilitó el ingreso de nuevos jugadores en el mercado de la telefonía móvil. En la primera mitad del año el Gobierno reformuló la figura del Operador Móvil Virtual (OMV), es decir, las empresas que ofrecen servicios móviles comprando capacidad a las incumbentes (Claro, Personal y Movistar). El fin de esta figura es alentar la competencia, más que nada en aquellas zonas donde las grandes compañías no prestan mucha atención en su servicio y, así, impulsar la mejora de la calidad.

En la resolución 38/2016 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se estableció que las compañías que actúan en el mercado debían presentar una oferta de referencia para que aquellas que tuvieran licencia para operar como OMV pudieran negociar los costos involucrados en su uso (a cuánto le venden el megabyte de datos para que la compañía evalúe si puede armar un negocio sobre eso). Este proceso contempla plazos y exigencias. Sin embargo, ese trámite no prosperó. Movistar y Claro presentaron sus ofertas como para cumplir, y Personal pidió una prórroga aduciendo que, al no contar con la banda de 700 MHz tampoco podían elevar una oferta acorde. Las otras dos compañías también mencionaron esta situación en sus propuestas. Por ende, el proceso quedó trunco y, hasta tanto el Gobierno no cumpla con su parte -entregar las bandas- no pareciera que esto vaya a tener avances inmediatos.

“La falta de atribución de la banda de 700 MHz para sus desarrollos 4G fue usada como una carta de protesta y negociación por parte de las operadoras móviles que ganaron la licitación en 2014. Ese es el principal motivo en la nueva demora en el ingreso de los OMV al mercado argentino, postergado una y otra vez desde el 2001, desaprovechando los años en que la penetración del servicio estaba en expansión en los que mejor podrían haberse desarrollado operadores alternativos”, amplió Fontanals.

Para el investigador de la UBA, los OMV en sí mismo no modifican la estructura del mercado, porque son esencialmente revendedores y en mercados maduros no toman más que una participación minoritaria de la torta de clientes (en América Latina entre el 1% y el 5 % tras varios años), pero sí pueden aportar una mayor dinámica a través de ofertas más flexibles de planes y paquetes y una mejora en la calidad de atención.

En la actualidad, la única OMV que opera desde hace unos cinco años en el sector es Nuestro, de las cooperativas de telecomunicaciones del sur; la otra que se suele nombrar, Tuenti, es en rigor una marca de Telefónica y no un OMV. Mientras la primera se concentra en determinadas zonas geográficas, la segunda lo hace en segmentos de público bien diferenciados. Telecentro y Virgin Mobile fueron las otras dos empresas que consiguieron en este 2016 sus licencias para ser OMV aunque con fecha incierta para el inicio de sus actividades.

El eterno problema de las antenas

Otro de los temas que afecta al mercado de la telefonía móvil es el de la instalación de antenas. Se trata de un reclamo que tiene ya más de 15 años y que, pese a ello, no encuentra vías de resolución. Para que el servicio de telefonía móvil funcione correctamente es necesario que haya suficiente cantidad de radiobases que soporten el tráfico que se produce en ellas, y que con el advenimiento del 4G es cada vez mayor, básicamente en lo que hace a transporte de datos.

Se trata de una queja constante de parte de las operadoras, y que encontró en la GSMA, una organización global que agrupa a las mayores compañías de telecomunicaciones, un referente para exponer el tema de manera contundente. Desde allí señalaron que es necesario “eliminar las barreras municipales a la hora de instalar nueva infraestructura, básicamente antenas de telefonía celular”.

En un documento que llevaron al Enacom, en el marco de las consultas realizadas de cara a la redacción de la nueva ley de comunicaciones convergentes, la GSMA pidió homogeneidad de normas locales, autorización automática si se cumplen los criterios básicos y facilitar en forma gratuita terrenos y edificios públicos para instalar nuevas antenas y cables. La falta de una pauta uniforme para todo el país es el punto básico puesto que cada municipio impone patrones que difieren entre sí y que suelen obstaculizar el desarrollo de las redes.

El Enacom aún no fijó un criterio para la instalación de antenas, pero inició en el último tramo del año una iniciativa, llamada Antenas Amigables, una web en donde se publican los resultados de las mediciones que se efectúan sobre las antenas para llevar tranquilidad a quienes se oponen a su instalación bajo el argumento de un eventual daño sobre la salud.

Los celulares 4G del gobierno

La telefonía móvil fue lo que mantuvo más o menos en movimiento al mercado. Una de las medidas que impulsó el Ministerio de Comunicaciones para mejorar las comunicaciones móviles fue promover el recambio de viejas terminales de manera más acelerada. Así,a mitad de 2016 se puso en marcha el Plan de Acceso a Internet Móvil (PAIM). La iniciativa involucró a los Ministerios de Producción y de Comunicaciones, porque había que conseguir que los fabricantes de smartphones de Tierra del Fuego produjeran celulares 4G de entrada a valores que rondaran los $ 2000 en promedio para el consumidor final, y que se pudieran financiar con el Ahora 12.

Hacia finales del año algo más de 600.000 equipos se vendieron bajo esta modalidad, de acuerdo a datos oficiales. Las tres compañías, Claro, Movistar y Personal, coincidieron en señalar que el programa tuvo un impacto positivo, porque lograron sumar usuarios que, hasta ese entonces, no habían encontrado la forma de conocer los servicios 4G.

A la espera del marco regulatorio

Fuera de estos aspectos, el resto del mercado estuvo más quieto que movido, fundamentalmente por la expectativa que generó, ya desde mediados de año en adelante, la salida de un decreto que modifique al decreto 267/2015 y que introdujo modificaciones en la ley de medios 26.522 y Argentina Digital 27.078. Se trata de una decisión que en teoría traerá más competencia al mercado, tal el objetivo del Ministerio de Comunicaciones. Competencia que estará dada por el ingreso del Grupo Clarín al mercado de telefonía móvil, a través de Cablevisión/Nextel a partir de 2017, y de Telefónica y el resto de las operadoras que dan telefonía fija al de TV paga, a partir de 2018.

Ese decreto, que hasta la penúltima semana de diciembre no había salido, mantuvo expectantes a los distintos jugadores. Y al no estar claros los principios regulatorios, las decisiones en torno a nuevas inversiones o bien se mantienen frenadas por determinación de algunas empresas, o bien no se pueden ejecutar porque no hay certeza sobre qué podrá encarar cada actor. “El sector de telecomunicaciones está muy pendiente de las decisiones regulatorias que el Gobierno viene anunciando repetidamente que pondrá en marcha, y que forman parte de una serie de negociaciones en las que se cruzan los intereses cruzados de estos actores. Esas definiciones son centrales para sus perspectivas de negocios, y con eso para sus decisiones de inversión. El problema en esto es que, bajo esta modalidad de negociaciones y renegociaciones vía decretos y resoluciones, los actores no pueden estar muy seguros de cómo se mantendrá el panorama en el mediano e incluso corto plazo. Por eso es esencial avanzar en la definición de una nueva ley integral para el sector”, consideró Fontanals.

Por su parte, Sebastián Cabello, director de la GSMA para América latina, indicó que “para poder maximizar los beneficios de la convergencia y eliminar las barreras artificiales del sector telco, es necesario que la regulación sea comprensiva, para no dejar a los nuevos y futuros actores exceptuados de la regulación”. Y agregó que “en una época de consolidación de empresas, los organismos deberían definir rápido si aceptan, o rechazan, las fusiones y compras entre competidores para facilitar la competencia y los negocios”.

Una visión coincidente posee Martín Becerra, de la Universidad de Quilmes, para quien el sector está, otra vez, pendiente del anuncio de nuevas reglas de juego. “La inestabilidad regulatoria y la falta de consenso (pues un decreto presidencial ofrece pocas garantías) opera como estorbo. Los voceros oficiales dicen que en estos días saldrá un nuevo decreto con el que Macri modificará sus propios decretos de principios de gestión y, por otro lado, prometen una hipotética ley de la convergencia, algo difícil de proyectar pues 2017 es un año electoral y el gobierno carece de mayoría en el Congreso. Además, los operadores de telecomunicaciones continuarán con las inversiones en 4G en la medida en que lentamente el gobierno logre despejar el espectro licitado y lubrique -como se prevé- las condiciones para que el grupo Clarín se inserte en telefonía móvil”.

El 2016 se va con claroscuros. Y todo indica que este panorama podría replicarse en el próximo año. Que haya competencia en 2017 dependerá de las regulaciones de corto plazo que se esperan y de la cintura con que el Gobierno se maneje en un año que, al menos en materia de telecomunicaciones, se anticipa difuso.